El empresario de las plazas de Madrid y Valencia, Rafael García Garrido, ha presentado en nombre de Nautalia un «recurso de reposición contra el pliego de explotación de la plaza de toros de Zaragoza y sus condiciones «por entender que son contrarios a Derecho», según ha informado el periodista Zabala de la Serna. Este paso hacia adelante llega tras la reunión y el comunicado emitido por ANOET en contra del pliego publicado por la Diputación de Zaragoza, con el PSOE al frente.
Un pliego que nace entre un rechazo unánime
La Asociación Nacional de Empresarios Españoles (ANOET), una vez revisado el pliego de la Plaza de Toros de Zaragoza al detalle, y tras la reunión de su Junta Directiva, hizo público un comunicado en el que denunciaron que «es inaceptable que exija a las empresas que decidan concursar compromisos con toreros y ganaderías que actuarán en la feria y que pueden vulnerar y distorsionar la libre competencia, así como definir la fecha exacta en la que lo hará cada uno de ellos».
Según señalaron, esta medida «limita la libertad de los empresarios a la hora de programar una feria y que impide incluir las novedades de la temporada, ya que obliga a cerrar los carteles de las ferias de San Jorge y El Pilar a mitad del mes de febrero«, lo cual perjudica al aficionado y a la calidad de la propia feria. «Consideramos que esta exigencia del Pliego, que es causa de rescisión del contrato, hipoteca a la empresa para toda la temporada, pudiendo llegar a perjudicar los derechos de los espectadores», apuntaron.
Por otra parte, ANOET estimó que «existen otras fórmulas para valorar a las empresas distintas al canon económico al alza y sin límite -como consta en el pliego-, una medida que convierte estos procesos de adjudicación de las plazas en auténticas subastas. En este sentido, insta a la Diputación de Zaragoza a adoptar alguna otra fórmula que realmente beneficie a la Tauromaquia y preserve el futuro de la plaza».
Por todo ello, ANOET se puso a disposición de la Diputación de Zaragoza «con el fin de mantener una reunión que sirva para aclarar los puntos que entendemos que distorsionan la legalidad vigente».
